Por:
Ramón Antonio Veras.
La
mediática es el arma más mortífera que
utiliza el imperio contra Venezuela,
porque se encarga de mantener confundida a la opinión pública
internacional, sembrando la idea de que la crisis venezolana es causada por la ineficacia del chavismo, y no por las sanciones
impuestas desde Estados Unidos.
He
querido compartir el escrito elaborado por los doctores Jeffrey Sanchs, profesor de las Universidades de Columbia y
Harvard, y Mark Weisbrot, director del Centro de Investigación en Economía
Política, en el cual hacen un análisis de las razones que motivan el deterioro económico y social
que hoy padece Venezuela.
Sanciones
económicas como castigo colectivo: El caso de Venezuela
Introducción
1.-
El presidente Trump emitió la orden ejecutiva 13808 el 25 de agosto de 2017,
imponiendo extensas sanciones económicas a Venezuela. Las sanciones fueron
descritas por muchos analistas como un instrumento de presión sobre el
Gobierno. En ese momento, se describió la presión como necesaria para alentar
al Gobierno de Venezuela a respetar los derechos humanos. Sin embargo, las
amenazas de una acción militar del propio presidente Trump indicaron que el
objetivo real de la Casa Blanca era un cambio de régimen.
2.- Pronto se hizo evidente que las sanciones
impuestas por esta orden ejecutiva —así como otras medidas adoptadas por la
presidencia de Trump— tendrían la mayor parte de su impacto no en el Gobierno,
sino en la población venezolana en general. El impacto de las sanciones redujo
su ingesta calórica, aumentó las enfermedades y la mortalidad tanto para
adultos como para menores y desplazó a millones de venezolanos que huyeron del
país como resultado del empeoramiento de la depresión económica y la
hiperinflación. Las sanciones agudizaron las pérdidas económicas e hicieron
casi imposible estabilizar la economía, lo que contribuyó aún más a un mayor
número de muertes. Todos estos impactos perjudicaron mayoritariamente a los
venezolanos más pobres y más vulnerables.
3.-
Las sanciones aún más severas y destructivas fueron establecidas por la orden
ejecutiva 13857 del 28 de enero de 2019 y las órdenes ejecutivas subsiguientes
en el mismo año; y el reconocimiento de un Gobierno paralelo, que creó un nuevo
conjunto de sanciones financieras y comerciales que son aún más devastadoras
que las propias órdenes ejecutivas. Las declaraciones del Ejecutivo
estadounidense indicaron que el propósito de las sanciones era provocar una
rebelión militar para derrocar al Gobierno. El presente estudio examina estas
sanciones económicas y su impacto en la economía y la población venezolanas,
incluidos los sectores más vulnerables.
4.-
Hallamos que las sanciones han infligido y continúan infligiendo, un daño muy
grave a la vida y la salud de las personas, lo que incluye un cálculo estimado
de 40 000 muertes de 2017 a 2018; y que estas sanciones encajarían en la
definición de castigo colectivo de la población civil, tal como se describe en
las convenciones internacionales de Ginebra y La Haya, de las cuales Estados
Unidos es signatario. Estas sanciones también son ilegales según el derecho
internacional y los tratados que ha firmado EEUU, y parecería ser que también
violan la legislación estadounidense.
I.-
Las sanciones de agosto de 2017
5.-
Cuando en agosto de 2017 el Gobierno de Trump emitió su orden ejecutiva
imponiendo amplias sanciones financieras a Venezuela, la economía ya había
estado en recesión durante más de tres años. Aunque no ha habido datos
oficiales de Venezuela para estos indicadores desde 2015, las mejores
estimaciones disponibles señalaron que el PIB real había disminuido en un 24.3%
desde 2014 hasta 2016, y la inflación de precios al consumidor de enero a
agosto de 2017 estuvo probablemente entre 758 y 1350% a una tasa anual.
6.-
Las sanciones de agosto de 2017 prohibieron al Gobierno venezolano pedir
préstamos en los mercados financieros estadounidenses. Esto tuvo una serie de
consecuencias inmediatas. Primero, evitó que el Gobierno pudiera reestructurar
su deuda externa, ya que cualquier reestructuración de deuda requiere la emisión
de nuevos bonos a cambio de la deuda existente. Si bien técnicamente las
sanciones de agosto de 2017 solo afectaban a las transacciones que tuvieran
contacto con el sistema financiero de Estados Unidos, en la práctica también
afectaron a las que estaban fuera del sistema financiero estadounidense porque;
1) la reestructuración se negocia con grupos de tenedores de bonos, los cuales
invariablemente incluirían a los tenedores de bonos de Estados Unidos; 2) las
instituciones financieras fuera del sistema financiero de EEUU tenían buenas
razones para temer que hubiera más sanciones que los afectaran y, de hecho,
esto sucedió en un año y medio después.
7.- Antes de las sanciones de agosto de 2017,
la deuda que estaba por reestructurarse era la deuda de la empresa petrolera
estatal, PDVSA. La deuda soberana del Gobierno no se pudo reestructurar después
de que la oposición ganara la mayoría de la Asamblea Nacional en 2015. Esto se
debió a que los líderes de la oposición en la Asamblea Nacional declararon que
no aprobarían ningún nuevo préstamo externo para el Gobierno. Sin esta
aprobación, la legalidad de los nuevos bonos del Gobierno derivados de una
reestructuración sería cuestionable, de acuerdo a la ley venezolana; de hecho,
la oposición se comprometió a no pagarlos si llegaban al poder. Bajo esas
circunstancias, una reestructuración de la deuda del Gobierno era imposible en
aquel momento.
8.-
No obstante, la deuda de PDVSA en ese momento llegaba a aproximadamente $30 mil
millones, de los cuales $7.1 mil millones era el principal de la deuda y los
intereses vencían en los próximos dos años. Gran parte de este servicio de la
deuda podría haberse pospuesto con la reestructuración de la deuda de PDVSA que
se estaba negociando antes de las sanciones de agosto de 2017. Estas sanciones
también prohibieron a CITGO —afiliado a PDVSA y que tiene unas 5 500 estaciones
de servicio de gasolina en EEUU— repatriar sus ganancias a Venezuela. Desde
2015 hasta 2017, CITGO generó aproximadamente $2.5 mil millones en beneficios
para PDVSA.
9.-
Pero lo que fue incluso más devastador para la economía y la población es que
las sanciones de agosto de 2017 diezmaron la producción de petróleo en
Venezuela. La producción de Venezuela y Colombia disminuyó aproximadamente al
mismo ritmo desde principios de 2016, luego de una fuerte caída en los precios
del petróleo. Pero tras la orden ejecutiva de agosto de 2017, la producción de
petróleo se desplomó, cayendo en más del triple de la tasa de los veinte meses
anteriores. Esto sería consecuencia de la pérdida de crédito y, por lo tanto,
de la incapacidad de costear el mantenimiento y las operaciones, así como
realizar las nuevas inversiones necesarias para mantener los niveles de
producción. Esta aceleración en la tasa de disminución de la producción de
petróleo implicaría una pérdida de $6 mil millones en ingresos petroleros para
el año siguiente.
10.-
Esto en sí mismo es una enorme pérdida de divisas, sobre todo teniendo en
cuenta la necesidad del país de importaciones esenciales. El monto de las
importaciones de alimentos y medicinas para 2018 fue de solo $2.6 mil millones.
El monto de las importaciones totales de bienes para 2018 fue de alrededor de
$10 mil millones.
11.- La producción anual de petróleo disminuyó en
un 30.1% en 2018, en comparación con un 11.5% en 20178. La diferencia en esta tasa de disminución
implica una pérdida de aproximadamente $8.4 mil millones en divisas que se
necesitaban cada vez más para importaciones esenciales como medicamentos y
alimentos.
12.-
Es importante recalcar que casi la totalidad de las divisas que se necesitan
para importar medicamentos, alimentos, equipos médicos, repuestos y equipos
necesarios para la generación de electricidad, sistemas de agua o transporte,
son recibidos por la economía venezolana a través de los ingresos del Gobierno
de la exportación de petróleo. Por ende, las sanciones que reducen las
ganancias del Gobierno y, por lo tanto, los ingresos del Gobierno, reducen así
las importaciones de estos bienes esenciales que en muchos casos salvan vidas.
13.- Es muy probable que la pérdida de tantos
miles de millones de dólares en divisas y la pérdida en ingresos del Gobierno
constituyeran el principal empujón que llevó a la economía a pasar de su alta
inflación, cuando se implementaron las sanciones en agosto de 2017, a la
hiperinflación. Es común en la historia de las hiperinflaciones que se
desencadenen por un gran impacto externo a los ingresos del Gobierno y la
balanza de pagos, como sucedió en Venezuela luego de la implementación de estas
sanciones.
14.-
El 20 de septiembre de 2017, menos de un mes después de las sanciones del 25 de
agosto, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro
de EEUU emitió un “Aviso a las instituciones financieras sobre la corrupción
política generalizada en Venezuela”. Declaró que “todas los ministerios y
organismos gubernamentales venezolanos, incluidas las empresas de propiedad del
Estado, se muestran vulnerables a la corrupción y al lavado de dinero”, y
recordó a las instituciones financieras de EEUU sus obligaciones reglamentarias
de “tomar medidas razonadas y previendo los riesgos para identificar y limitar
cualquier exposición que puedan tener a los fondos y a otros activos asociados
a la corrupción venezolana del sector público”.
15.-
Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Capital, sostiene que la
advertencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos puede haber sido
incluso más importante que la orden ejecutiva de agosto, ya que dio lugar al
cierre de las cuentas venezolanas en instituciones financieras, la pérdida de
acceso al crédito, así como otras restricciones financieras que han tenido
graves impactos negativos en la producción de petróleo, así como en la
economía.
16.-
El ejemplo anterior ilustra cómo un grave daño económico —con los costos
humanos resultantes— puede infligirse sin llamar la atención del público o los
medios de comunicación. Por esta razón, el daño descrito aquí a partir de las
sanciones del Gobierno de Trump en 2017 incluso subestima significativamente el
perjuicio real causado.
II.-
Sanciones en 2019
17.-
Ciertamente, este ha sido el caso de la serie de órdenes ejecutivas que
comenzaron el 28 de enero, a las que le siguió el reconocimiento de Juan Guaidó
como “presidente interino” de Venezuela por parte de Trump y de sus aliados. En
este apartado debemos incluir no solo las sanciones que fueron explícitamente
dictadas por estas órdenes ejecutivas, sino también las sanciones que fueron
implícitas y activadas a causa del reconocimiento de un Gobierno paralelo; y
sanciones adicionales resultantes de declaraciones, amenazas o acciones
adicionales del Poder Ejecutivo de Estados Unidos.
18.-
Si observamos el impacto que tiene la combinación de todas estas acciones,
descubrimos que redujeron drásticamente la capacidad de Venezuela para producir
y vender petróleo y para vender cualquier activo extranjero del Gobierno, el
más importante de los cuales fue congelado y/o confiscado; y también para usar
cualquier moneda extranjera, que el país todavía pueda recibir como ingreso,
para comprar importaciones esenciales. Por estas razones, una proyección de
referencia del PIB real de Venezuela muestra una disminución asombrosa y sin
precedentes de 37.4% en 2019, en comparación con 16.7% en 2018. Se estima que las
importaciones de bienes caerán en 39.4%, de $10 mil millones a $6.1 mil
millones. Se espera que más de 1.9 millones de personas abandonen el país, y se
espera que los impactos en la vida y la salud humana sean aún más graves que lo
ocurrido el año pasado.
19.-
El impacto más inmediato de las sanciones de enero fue cortar a Venezuela de su
mercado de petróleo más grande, Estados Unidos, que había comprado el 35.6% de
las exportaciones de petróleo de Venezuela en 2018, o unos 586 000 barriles en
promedio por día. En la semana del 15 de marzo, las importaciones de petróleo
venezolano cayeron a cero por primera vez, y permanecieron allí durante otras
dos semanas antes de que hubiera un repunte por una semana a 139 000 barriles
por día, y luego 71 000 barriles por día.
20.- El Gobierno de Trump también intervino
para presionar a otros países, incluyendo a la India, para que no compraran el
petróleo que había sido importado anteriormente por Estados Unidos. El 28 de
marzo, Reuters informó:
Estados
Unidos ha instruido a las casas de comercio de petróleo y refinerías de todo el
mundo a que reduzcan aún más sus tratos con Venezuela o de lo contrario se
enfrenten a sanciones; incluso si esos tratos no estuvieran prohibidos por las
sanciones que EEUU había anunciado, dijeron tres fuentes familiarizadas con el
asunto...
La
Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos OFAC, por sus siglas en inglés anunció a principios de febrero
que prohibía el uso de su sistema financiero en acuerdos petroleros con
Venezuela después de abril.
Pero
esta misma semana, el Departamento de Estado de EEUU ha llamado a firmas
extranjeras para decirles que el alcance de las sanciones es más amplio.
Las
fuentes dijeron que el Departamento de Estado dejó claro que cualquier tipo de
comercio con petróleo, ya sea directo, indirecto o de trueque, se consideraría
una violación.
21.-
Es importante tener en cuenta que estas amenazas son efectivas porque el
Gobierno de Estados Unidos puede sancionar a las instituciones financieras
extranjeras que desobedezcan sus instrucciones. Así, en febrero incluso
Gazprom, que es propiedad mayoritaria del Gobierno ruso, congeló las cuentas de
PDVSA y cortó las transacciones con la compañía, como respuesta a las amenazas
de sanciones de la Casa Blanca. Reuters también notó que “Washington está
particularmente interesado en parar los envíos de gasolina y productos
refinados que se utilizan para diluir el crudo pesado de Venezuela y para que
así sea adecuado para la exportación”. Esto podría afectar otros 300 000
barriles por día de la producción petrolera venezolana.
22.-
Como resultado de estas acciones, el petróleo que Venezuela estaba produciendo
se amontonó, abarrotando las instalaciones de almacenamiento y luego los buques
petroleros. La falta resultante de mercados y de espacio disponible para
almacenar petróleo parece ser la causa principal de una fuerte caída en la
producción de petróleo en febrero. La producción de petróleo de Venezuela
disminuyó en 130 000 barriles por día de enero a febrero. En los seis meses
anteriores, estaba disminuyendo a un promedio de 20 500 barriles por día.
Luego, en marzo, cayó otros 289 000 barriles por día, para alcanzar un total de
431 000 barriles por día.
23.-
Si esta caída se mantuviese durante el próximo año, recortaría otros $6.8 mil
millones de la ganancia en divisas disponible de Venezuela. Esto es
aproximadamente el 21% de los ingresos por exportaciones de 2018. Sin embargo,
Rodríguez proyecta que, como resultado del impacto de las sanciones más
estrictas, las exportaciones de petróleo en 2019 caerán de forma catastrófica y
sin precedentes en 67.2% a partir de 2018.
24.-
Las sanciones de enero incluyeron a PDVSA en la lista de Nacionales
Especialmente Designados SDN, por sus siglas en inglés y Nacionales Bloqueados
de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos. Esto congeló los activos estadounidenses de PDVSA y prohibió a
los estadounidenses hacer negocios con la empresa. Con el reconocimiento de
Juan Guaidó como presidente interino, el Gobierno de EEUU impidió que Venezuela
accediera a CITGO, lo que le restó aproximadamente $5.2 mil millones en activos
netos al Gobierno de Venezuela. La mayor
parte de las reservas extranjeras de $9 mil millones del Gobierno son en forma
de oro; las sanciones hacen que sea muy difícil vender este oro.
25.- El 10 de abril, Bloomberg informó que el
FMI había suspendido el acceso del Gobierno venezolano a otra fuente de
liquidez: a casi $400 millones en derechos especiales de giro DR, por sus
siglas en inglés. El FMI citaba “el caos político desde que el presidente de la
Asamblea Nacional, Juan Guaidó, afirmó en enero que era el legítimo líder de la
nación”.
26.-
Otros activos extranjeros venezolanos han sido confiscados por gobiernos
estrechamente aliados a los EEUU, incluidos $1.2 mil millones en oro que se
tenían en el Banco de Inglaterra y una empresa de fertilizantes en Colombia,
Monómeros, valorada en $269 millones. El Gobierno también tiene alrededor de
$6.5 mil millones en créditos comerciales, provenientes de acuerdos de
cooperación energética, que podrían ser comercializables en un estimado de $3.4
mil millones, a fin de obtener efectivo para importaciones esenciales. Sin embargo, tales ventas de activos también
están excluidas en su mayoría debido a las sanciones de Estados Unidos. En
algunos casos, también habrían sido aparentemente bloqueados algunos pagos con
importantes montos provenientes de países que participaron en el programa
Petrocaribe de Venezuela, por ejemplo, un reciente intento de pago de Jamaica
por $115 millones.
27.-
En el otro lado de la ecuación —la compra de importaciones— el Gobierno de
Trump ha asestado un grave golpe a la salud pública y la seguridad de la
población al incapacitar los medios de pago de Venezuela para las importaciones
que puede comprar con el flujo de efectivo restante. Por supuesto, esto reduce
directamente el acceso de la población a importaciones esenciales como
medicamentos y alimentos. El Ejecutivo de Trump puede hacer esto a través de
varios medios que prohíben o reducen el acceso tanto del sector público como
del privado al sistema internacional de pagos.
28.- Las instituciones financieras, tanto
públicas como privadas, utilizan un sistema de bancos corresponsales ubicados
en otros países para pagar las transacciones internacionales. Las sanciones de
Estados Unidos han eliminado a la Reserva Federal y a todas las instituciones
financieras de Estados Unidos de las opciones de Venezuela para realizar pagos
internacionales. El riesgo de no cumplir con las sanciones de EEUU ha llevado a
que, desde al menos 2017, más y más bancos corresponsales suspendan estos
servicios bancarios de corresponsalía.
29.- Por ejemplo, en noviembre de 2017, más de
un año antes de las sanciones más severas aquellas implementadas desde enero de
2019, Venezuela estaba utilizando un pequeño banco en Puerto Rico como
intermediario para procesar los pagos de alimentos y medicinas. Reuters informó
que la institución, Italbank, había suspendido estos servicios y había cerrado
una cuenta con el banco central de Venezuela debido a las “preocupaciones de
que esté en riesgo su reputación”.
30.-
Pero después de las sanciones de enero y el reconocimiento de Guaidó —lo que lo
convirtió, según el Gobierno de Trump y otros Gobiernos que reconocen al
Gobierno paralelo, en el propietario legal de los fondos transferidos o los
bienes comprados por el Gobierno venezolano— el acceso de Venezuela a los
bancos corresponsales para transacciones internacionales fue mayoritariamente
eliminado. Esto incluía el acceso a lo necesario para la importación de
medicamentos, alimentos y otros productos esenciales.
31.-
Venezuela también sufrió una severa crisis eléctrica en marzo. Una estimación
de referencia de Rodríguez pronostica que Venezuela perderá un total del 6.4
por ciento del PIB en 2019 producto de esta crisis; esto supone apagones
mensuales que representan aproximadamente el 35 por ciento de lo que ocurrió en
marzo. Las causas de los apagones no se
conocen en su totalidad, aunque existe evidencia de que un incendio de maleza
en las proximidades de las líneas que transmiten energía desde la represa
hidroeléctrica Guri, que suministra el 75 por ciento de la electricidad de
Venezuela, contribuyó a la pérdida inicial de energía. Sin embargo, no hay duda
de que las sanciones económicas contribuyeron sustancialmente a la duración y
al daño económico de los cortes de energía.
32.-
Por ejemplo, las sanciones han limitado el acceso de Venezuela al combustible
diesel, que es necesario para que puedan operar sus generadores térmicos de
respaldo. Además, el sector eléctrico de Venezuela está basado en equipos
provistos por proveedores internacionales como General Electric. Las sanciones
impidieron que el Gobierno venezolano pague a estas empresas, aumentando así la
dependencia de la energía hidroeléctrica.
III.-
El impacto de las sanciones en la vida humana y la salud
33.-
Uno de los resultados de las sanciones es privar a la economía venezolana de
miles de millones de dólares en divisas necesarias para pagar las importaciones
esenciales que salvan vidas. Las sanciones implementadas en 2019, incluido el
reconocimiento de un Gobierno paralelo, aceleraron esta privación y también
aislaron a Venezuela de la mayor parte del sistema de pagos internacionales, lo
que puso fin al acceso del país a estas importaciones esenciales, incluidas las
medicinas y los alimentos, incluso aquellos que podrían comprarse normalmente
si se tuviesen los dólares disponibles. No hay duda de que todas estas
sanciones desde agosto de 2017 han tenido graves impactos en la vida y la salud
de la población.
34.-
Si bien es imposible especificar una situación contrafáctica de qué hubiera
pasado si no hubiera sanciones, primero podemos observar el deterioro de los
indicadores de salud incluida la atención en salud, la capacidad y la
infraestructura en salud entre 2017 y 2018. Según la Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida (ENCOVI), una encuesta anual sobre las condiciones de vida
administrada por tres universidades venezolanas, hubo un aumento del 31% en la
mortalidad general entre 2017 y 2018. Esto implicaría un aumento de más de 40
000 muertes. Esto supondría una gran pérdida de vidas civiles incluso en un
conflicto armado, y es prácticamente seguro que las sanciones económicas de
EEUU hicieron una contribución sustancial a estas muertes.
35.-
El porcentaje de muertes debido a las sanciones es difícil de estimar, ya que
la situación contrafáctica es incognoscible, pero vale la pena señalar que una
situación contrafáctica en ausencia de sanciones podría incluso ser que la
mortalidad se hubiera reducido en caso de que la recuperación económica se
hubiese dado.
36.-
Dado que se trata de estadísticas anuales, no tendrían en cuenta el impacto de
las sanciones durante los últimos cuatro meses de 2017. Como se señaló
anteriormente, el impacto de las sanciones de agosto de 2017 en el colapso de
la producción de petróleo y, por lo tanto, el acceso a las importaciones fue
bastante inmediato, por lo que esperaríamos que parte del aumento de la
mortalidad suceda en 2017.
37.-
En 2018, la Federación Farmacéutica de Venezuela informó que la escasez de
medicamentos esenciales era del 85%. Según un estudio realizado en septiembre
de 2018 por CodeVida y Provea, más de 300 000 personas estaban en riesgo debido
a la falta de acceso a medicamentos o tratamiento. Esto incluye un estimado de
80 000 personas con VIH que no han recibido tratamiento antirretroviral desde
2017, 16 000 personas que necesitan diálisis, 16 000 personas con cáncer y 4
millones con diabetes e hipertensión que no pueden obtener insulina o medicina
cardiovacular.
38.-
Estos números por sí mismos prácticamente garantizan que las sanciones
actuales, que son mucho más severas que las implementadas antes de este año,
son una sentencia de muerte para miles y probablemente decenas de miles de
personas que no pueden salir del país para encontrar medicamentos en otros
lugares. Esto es especialmente cierto si la caída proyectada del 67% en los
ingresos del petróleo se materializa en 2019.
39.-
Pero el acelerado colapso económico que las sanciones actuales han establecido
tiene muchos más impactos negativos en la salud y el aumento de muertes
prematuras. Según la Federación Médica de Venezuela, unos 22 000 médicos
—aproximadamente un tercio del total— han abandonado el país. A medida que la
migración se acelera en 2019 debido a las sanciones más estrictas, más
profesionales de la salud, así como otros con habilidades técnicas necesarias,
abandonarán Venezuela.
40.-
Según el Informe de la ONU de marzo de 2019 “Venezuela: panorama general de las
necesidades humanitarias prioritarias”, las encuestas de ENCOVI encuentran que,
debido a la desnutrición, alrededor del 22% de los niños menores de cinco años
presentan un desarrollo por debajo de lo normal. Las importaciones de alimentos
han disminuido considerablemente junto con las importaciones generales; en 2018
se estimaron en solo $2.46 mil millones, en comparación con $11.2 mil millones
en 2013. Se puede esperar que caigan aún más en 2019, junto con una caída en
las importaciones en general.
41.-
El creciente colapso de los ingresos de exportación y, por lo tanto, el colapso
de las importaciones, también ha creado problemas masivos de salud pública en
los ámbitos de saneamiento y acceso al agua. El informe más reciente de la ONU
señala que “la falta de acceso al agua, jabón, cloro y otras medidas de higiene
inhibe el lavado de manos y el tratamiento del agua en el hogar” y que “los
hogares que no están conectados a la red de agua están utilizando pozos y aguas
superficiales inadecuadamente tratadas e inseguras”. CodeVida descubrió que
para 2018, “79% de los establecimientos de salud experimentan escasez en el
suministro de agua”, mientras que ENCOVI informa que el 61% de las escuelas
“están en comunidades sin acceso diario a agua potable”. La crisis eléctrica
también ha afectado a los hospitales y la asistencia sanitaria. No se sabe
cuántas personas han muerto como resultado de fallas en el suministro eléctrico
en los hospitales, pero durante los apagones de marzo hubo informes de prensa
de muertes por la pérdida de electricidad. Como se señaló anteriormente, las
sanciones contribuyeron sustancialmente a la duración y al impacto de los
apagones
42.-
El informe de la ONU señala que dentro de los grupos más vulnerables de la
crisis acelerada se encuentran los niños y adolescentes incluidos muchos que ya
no pueden asistir a la escuela; personas en situación de pobreza o pobreza
extrema; mujeres embarazadas y lactantes; personas mayores; pueblos indígenas;
personas que necesitan protección; mujeres y adolescentes en riesgo; personas
con discapacidades; y personas que se identifican como lesbianas, gays,
bisexuales, trans o intersexuales.
IV.-
La ilegalidad y la intención de las sanciones económicas unilaterales
43.- Las sanciones unilaterales impuestas por
el Gobierno de Trump son ilegales en virtud de la Carta de la Organización de
los Estados Americanos (OEA). Hay muchas disposiciones en la Carta que prohíben
estas sanciones, pero entre las más claras e inequívocas están los artículos 19
y 20 del Capítulo IV:
Artículo
19
Ningún
Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o
indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos
de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada,
sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de
la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales
que lo constituyen.
Artículo
20
Ningún
Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y
político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste
ventajas de cualquier naturaleza.
44.-
Las sanciones del Gobierno de Trump violan claramente estos dos artículos de la
Carta de la OEA. Con respecto al artículo 19, el Gobierno estadounidense está
interfiriendo directamente en los asuntos internos de Venezuela. Esto es
especialmente cierto a la luz de las declaraciones y acciones de los
funcionarios de Washington que indican que su objetivo es el derrocamiento del
Gobierno venezolano. Al hablar sobre la política de Estados Unidos en
Venezuela, incluidas las amenazas militares, el vicepresidente Mike Pence ha
dicho en más de una ocasión “Maduro debe irse”. El 8 de febrero, Reuters
informó que Estados Unidos estaba “manteniendo comunicaciones directas con
miembros del Ejército de Venezuela instándolos a abandonar al presidente
Nicolás Maduro, y que también está preparando nuevas sanciones para aumentar la
presión sobre él”, citando a un alto funcionario de la Casa Blanca.
45.-
Quizás aún más sorprendente fue este intercambio de palabras entre el reportero
de Associated Press, Matthew Lee, y el Secretario de Estado de los Estados
Unidos, Mike Pompeo, el 11 de marzo de 2019:
MATTHEW
LEE: ¿Está satisfecho con el ritmo del impulso que se vive con Guaidó y su
liderazgo? ...
MIKE
POMPEO: Bueno, deseamos que las cosas vayan más rápido, pero estoy muy seguro
de que la marea se está moviendo en la dirección del pueblo venezolano y
continuará haciéndolo. No le toma mucho a usted ver lo que realmente está
sucediendo allí. El círculo se está estrechando, la crisis humanitaria aumenta
cada hora. Hablé con nuestra persona de mayor jerarquía en el terreno allí en
Venezuela anoche, a las 7:00 u 8:00 anoche. Se puede ver el dolor y el
sufrimiento cada vez mayores que están padeciendo los venezolanos.
46.-
Si bien el Gobierno de Trump ha mantenido constantemente que la crisis
humanitaria en Venezuela es únicamente el resultado de las políticas económicas
del Gobierno venezolano, este intercambio cuenta una historia diferente. “El
círculo se está estrechando, la crisis humanitaria aumenta cada hora. ... Se
puede ver el dolor y el sufrimiento cada vez mayores”. Esto parece referirse al
impacto de las sanciones, no a algo que haya ocurrido durante años de fracaso económico.
Además, implica que el dolor y el sufrimiento infligidos a la población civil
pueden no ser daños colaterales, sino en realidad parte de la estrategia para
derrocar al Gobierno.
47.- Con respecto al artículo 20, que prohíbe
las “medidas coercitivas de carácter económico o político” para obtener
“ventajas de cualquier naturaleza”, hay informes que indican dicha intención
tanto del presidente Trump como del Asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.
En un libro reciente de Andrew McCabe, exsubdirector del FBI, se cita a Trump
diciendo: “Ese es el país con el que deberíamos estar en guerra. Tienen todo
ese petróleo y están justo en nuestra puerta trasera”.
48.-
En enero, Bolton declaró que “estamos en conversaciones con las principales
compañías estadounidenses ahora… Haría una gran diferencia económica para
Estados Unidos si conseguimos que empresas estadounidenses inviertan y
participen en el desarrollo de las capacidades petroleras de Venezuela”.
49.-
Varios eruditos jurídicos han señalado que las sanciones económicas de este
tipo violan el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas
y el derecho internacional de los derechos humanos. Parece obvio que sanciones
que causan el hambre y la enfermedad generalizadas, y el aumento de la
mortalidad, violarían las leyes de derechos humanos.
50.-
Vale la pena señalar que tanto la Convención de La Haya como la de Ginebra, de
las que Estados Unidos es signatario, prohíben el castigo colectivo de los
civiles. Aunque estos tratados se aplican solo en tiempos de guerra, los
expertos en derechos humanos de la ONU han argumentado que no tiene sentido que
los civiles solo deban tener esta protección en situaciones de conflicto
armado.
51.-
Las sanciones también violan la ley de Estados Unidos. Cada una de las órdenes
ejecutivas anunciadas desde marzo de 2015 declara que Estados Unidos sufre una
“emergencia nacional” debido a la situación en Venezuela. La ley de EEUU
requiere esta declaración para imponer tales sanciones, y la emergencia nacional
se invoca en el marco de la Ley de Emergencias Nacionales de 1976. Esta es la
misma ley que el presidente Trump invocó en febrero de 2019 al declarar una
emergencia nacional para conseguir los fondos y construir un muro a lo largo de
la frontera con México, burlando la aprobación del Congreso. Numerosos estados
y organizaciones de interés público han denunciado al Gobierno de Trump por
esta maniobra con respecto al muro fronterizo.
52.- Por supuesto, es evidente que Venezuela no ha
creado ninguna emergencia nacional para los Estados Unidos. La orden ejecutiva
también establece, como lo exige la ley, que Venezuela presenta “una amenaza
inusual y extraordinaria para la seguridad nacional” de Estados Unidos. Esto
tampoco tiene fundamento. No está claro qué se puede hacer para hacer cumplir
la ley con respecto a estas declaraciones falsas. Los tribunales de EEUU se han
mostrado muy reticentes a hacer cumplir las leyes de manera que entren en
conflicto con las decisiones de política exterior del presidente, incluso
cuando parecen violar la Constitución estadounidense.
V.-
Depresión, hiperinflación y sanciones: Bloqueando la recuperación económica
53.- Como se señaló anteriormente, la economía
venezolana ya estaba en una profunda recesión durante tres años cuando se
impusieron las sanciones de agosto de 2017, con una inflación que oscilaba
entre 758% y 1 350% a una tasa anual. Los defensores de las sanciones
argumentan que la economía habría continuado colapsando incluso sin las
sanciones que han privado a la economía de miles de millones de dólares en
divisas. Aunque ciertamente no habría colapsado al mismo ritmo. Si bien son
posibles muchas situaciones contrafácticas, vale la pena analizar qué se podría
haber hecho para eliminar la hiperinflación y estabilizar la economía, y cómo
afectan las sanciones a estas opciones, inclusive de aquí para adelante.
54.-
La definición clásica de hiperinflación en la literatura económica es del 50%
al mes, o aproximadamente el 13 000%. Ha habido siete episodios de
hiperinflación en América Latina desde la Segunda Guerra Mundial. En todos
estos casos, los gobiernos finalmente adoptaron un programa para deshacerse de
la hiperinflación. La duración media de la hiperinflación fue de
aproximadamente 4 meses.
55.- En una situación de hiperinflación, las
personas pierden cada vez más confianza en la moneda nacional y no quieren
mantenerla. Por lo tanto, en algún momento, la hiperinflación se convierte en
una profecía autocumplida. Sin embargo, la dinámica que se crea puede hacer
posible deshacerse de la hiperinflación más fácilmente y más rápidamente que
una inflación más baja, pero aun así alta. Esto sucede cuando, como resultado
de la hiperinflación, las personas dejan de mirar los precios en la moneda
nacional y, en cambio, buscan la tasa de cambio de los precios. En ese momento,
la estabilización del tipo de cambio puede estabilizar rápidamente los precios
internos. Por ejemplo, en la hiperinflación boliviana de 1985, la
hiperinflación se controló en 10 días. Esta Estabilización Basada en la Tipo de
Cambio (ERBS, por sus siglas en inglés) se realizó creando un nuevo sistema de
tipo de cambio con plena convertibilidad y una flotación administrada de la
moneda. Después de eso, para cambiar las expectativas y mantener la estabilidad
de precios, el Gobierno también tuvo que llevar a cabo reformas fiscales y
monetarias serias.
56.-
¿Podría Venezuela haber adoptado un programa así en ausencia de las sanciones
económicas de Estados Unidos? Ciertamente es posible. Venezuela no
necesariamente habría necesitado ayuda externa para tener suficientes reservas
para crear un nuevo sistema de tipo de cambio. Tampoco habría habido necesidad
de mayor austeridad para estabilizar la balanza de pagos; en 2016 las
importaciones ya habían disminuido en más del 80% desde su nivel de 2012.
57.-
En la medida en que el Gobierno necesitara pedir prestado —o proporcionar
garantías para una reestructuración de la deuda —Venezuela debería haber podido
titulizar una parte de sus 300 mil millones de barriles de petróleo en el
suelo. Con un acceso sin trabas al sistema financiero internacional, habría un
cierto precio —incluso si fuera solo una pequeña fracción de los precios
actuales— a la cual la rentabilidad potencial equilibraría el riesgo de impago
y atraería a los inversores. Estos contratos son menos difíciles de organizar
que en el pasado, ya que la capacidad de los inversionistas para recopilar
criterios y opiniones para tales activos ha aumentado sustancialmente en los
últimos años. Y para un Gobierno que quiere evitar un colapso económico,
valdría la pena vender una fracción de su petróleo en el suelo a un precio muy
bajo, especialmente porque estas reservas son más de lo que podría esperar
exportar en un siglo. Por lo tanto, en ausencia de sanciones, se esperaría que
un Gobierno con estas vastas reservas de petróleo además de otros minerales
tenga la capacidad de evitar este tipo de crisis económica.
58.-
Una vez más, nunca podemos saber cuál habría sido una situación contrafáctica
Pero lo que podemos saber es que las sanciones hicieron prácticamente imposible
tal programa de estabilización. Inmediatamente, impidieron una reestructuración
de la deuda que sería necesaria para resolver la crisis de la balanza de pagos
de Venezuela. Las sanciones también impidieron que el Gobierno continuara con
un programa ERBS porque una vinculación con el dólar requeriría acceso al
sistema financiero basado en dólares, que las sanciones han reducido tanto como
le es posible. La idea de restaurar la confianza en la moneda nacional mientras
se estabiliza el tipo de cambio parece imposible cuando una potencia extranjera
está cortando la mayor parte de los ingresos en dólares del país, congelando y
confiscando activos internacionales y, como lo ha hecho el Gobierno de Trump
durante casi dos años, prometiendo adoptar muchas más de estas medidas, por no
mencionar que amenaza con tomar una acción militar.
59.-
Por lo tanto, uno de los impactos más importantes de las sanciones, en términos
de sus efectos en la vida humana y la salud, es encerrar a Venezuela en una
espiral económica descendente. Por esta razón, es importante tener en cuenta
que cuando observamos, por ejemplo, el estimado de más de 40 000 muertes
ocurridas solo de 2017 a 2018, la posibilidad contrafáctica en ausencia de sanciones
no es solo cero muertes más, sino que en realidad una reducción de la
mortalidad y otras mejoras en los indicadores de salud. Esto es porque una
recuperación económica ya podría haber comenzado en ausencia de las sanciones
económicas.
60.- Y a la inversa, el número de muertes que
se avecina este año, si las sanciones siguen vigentes, es casi seguro que será
mucho más alto que lo que hemos visto anteriormente, dada la tasa muy acelerada
de disminución de la producción de petróleo y, por lo tanto, la disponibilidad
de importaciones esenciales, y también la disminución acelerada del ingreso por
persona.
Santiago
de los Caballeros,
13
de mayo de 2019.
