Por: Ramon Antonio Veras.
1.- La tentativa de asesinato de que fue
objeto mi hijo Jordi, el 2 de junio de 2010,
por más de cinco (5) años me ha
obligado a estar presente ante los tribunales, en todo el curso de
los diferentes procesos en primera instancia y en apelación.
2.- Precisamente ahora, en estos
momentos, cuando el sistema judicial del
país ha motivado duras críticas por
denuncias de corrupción, con toda franqueza
debo decir que en el caso de
mi hijo Jordi, el material humano que
ha estado conociendo el expediente, como
jueces o representantes del ministerio público, ha dado demostración de
honestidad.
3.- Aunque el aparato judicial está
deteriorado, los magistrados reconocidos como
íntegros deben ser elevados, como demostración que no todo está perdido, y que en la
labor de higienización que se impone llevar a cabo, conviene retener lo
sano y extirpar lo nocivo.
4.- No podemos pecar de ilusos, y creer que
una sociedad en estado de descomposición como la dominicana, todos los que la
componen van a tener igual comportamiento.
Lo mismo podemos decir del
sistema de administración de justicia, donde hay jueces honestos y también
corrompidos. El carácter heterogéneo
desde el punto de vista social, se refleja por igual en el orden judicial.
5.- Mi
hijo Jordi, y todos los miembros de
nuestra familia seríamos injustos si dijéramos que el proceso judicial
tiene una duración de más de cinco años,
por culpa de los jueces. En distintas ocasiones hemos dicho que los
imputados se han aprovechado de lagunas en el Código Procesal Penal, para
burlar a la víctima, y a todo el sistema
judicial.
6.- El proceso judicial seguido en el caso de
mi hijo Jordi, ha sido rico en experiencia
porque ha servido, entre otras
cosas, para que hombres y mujeres del país, que aspiran a vivir en un ambiente
de decencia, se sientan motivados a
luchar por la instauración de un servicio judicial confiable, honesto y laborioso, libre de toda
sospecha.
7.-
Además, no podemos lanzar todas las críticas a los jueces
y a los representantes del Ministerio Público, porque la jurisdicción penal está integrada, por
los magistrados, y también por
los abogados y abogadas que desempeñan la función de asistentes técnicos de los imputados.
8.- Jordi, además de sufrir las lesiones causadas
por el hecho criminal, ha tenido que
soportar las maniobras ejecutadas por aquellos que en estrados han hecho causa común con la asociación de malhechores, los imputados.
9.- Lamentablemente, muchos profesionales del derecho al asistir en sus medios de defensas a los
imputados, se convierten, no en
sus defensores, sino en aliados incondicionales, llegando
a actuar como cómplices de sus defendidos; todo esto con el agravante de que no existe un
funcional código de ética que ponga freno
a los desmanes de los que ejercen estropeando y ofendiendo la toga y el
birrete.
10.-
La realidad le está diciendo a
los mejores hombres y mujeres del país
que todavía sirven, que no podemos seguir viviendo como hasta ahora, que esta
situación tiene que cambiar para bien; que la integridad que reconocemos en los
integrantes del servicio judicial que han intervenido en el caso Jordi, debe
ser el comportamiento de todos los que administran justicia y que, de igual manera, debemos aspirar a que
los profesionales del derecho
ajusten sus actuaciones a la ética
y a la moral profesional.
Santiago de los Caballeros, 2 de diciembre de
2015.
